Santiago 27 de septiembre de 2024.
Durante las últimas dos semanas la sociedad chilena ha sido fuertemente impactada por las revelaciones realizadas en el marco de la formalización del abogado Luis Hermosilla Osorio, en una de las tantas aristas que involucra a la empresa Factop SpA, sociedad prestadora de servicios de intermediación financiera, la cual como es de público conocimiento, se ha visto envuelta en un escándalo judicial que tiene a tres de sus socios en prisión preventiva, los señores Ariel Isaac Sauer Adlerstein, Daniel Amir Sauer Adlerstein y Rodrigo Topelberg Kleinkopf.
De la misma manera, los señores Daniel Sauer Adlerstein y Rodrigo Topelberg Kleinkopf han declarado recientemente, refiriéndose explícitamente a las actividades financieras que Factop SpA realizó con la Universidad Bolivariana. A este respecto las máximas autoridades de la Corporación Universidad Bolivariana sentimos el deber señalar lo siguiente:
Luego que en el año 2022 nuestra Corporación cambiara de Controladores, los nuevos equipos de gestión, impulsados por sacar adelante el proyecto institucional que enfrentaba una compleja situación financiera, se abocaron a realizar una detallada revisión de nuestros registros contables, pesquisando que nuestra Corporación había recibido, entre los años 2015 y 2022, un total de 123 facturas de la empresa Factop SpA por un monto total de MS 1.197, de los cuales se pagaron facturas por M$ 620, sin poder determinar hasta la fecha cuáles podrían haber sido los servicios prestados por Factop SpA a nuestra Corporación que dieron origen a esa facturación con una glosa de “comisiones” e “intereses”.
A raíz de estos hallazgos, los equipos jurídicos de la Universidad, presentaron una denuncia a la Fiscalía Local de las Condes, luego una querella ante el 8° Juzgado de Garantías de Santiago, en contra de quienes resulten responsables por ilícito previstos y sancionados por el artículo 470, N°11 del Código Penal y; finalmente, una denuncia a la Superintendencia de Educación Superior; para que se logre determinar si estas operaciones financieras ejecutadas por los señores Sauer Adlerstein y Topelberg Kleinkopf y los antiguos controladores de nuestra institución son lícitas, legales y se ajustaron a los fines que les son propios a una Institución de Educación Superior y sus estatutos.
La obligación de quienes hoy integramos el gobierno corporativo de nuestra Universidad, es resguardar el prestigio de nuestra casa de estudios, una institución de educación superior con más de 37 años trayectoria formando profesionales de alto nivel en nuestro país, que sin duda se ha visto injustamente empañada por estos hechos, pero también velar por los derechos de nuestros estudiantes, trabajadores y el prestigio formativo de los más de 25.000 egresados y titulados que hoy aportan a Escala Humana a nuestra nación.
Por ello, las máximas autoridades reforzamos el compromiso de esta nueva administración, por la transparencia ante el sistema de educación superior y la sociedad chilena y, hacemos fe de que sean los tribunales de justicia y la propia Superintendencia de Educación Superior, los llamados a determinar las posibles responsabilidades de quien o quienes despojaron a nuestra Universidad de millonarios recursos financieros, que podrían haber sido destinados a la inversión en la calidad de nuestro quehacer y los gastos operacionales de la Institución.
Finalmente, queremos asegurar a todos nuestros estudiantes, académicos y colaboradores, que nuestra Universidad sigue firme en su compromiso de abordar y resolver esta situación de manera transparente y conforme a la ley. Agradecemos el apoyo continuo de nuestra comunidad educativa mientras trabajamos para superar estos desafíos y mantener la excelencia que nos caracteriza.
Corporación Universidad Bolivariana
